Prácticamente 10 años después de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, cada vez se oye hablar más de compliance en las empresas pero estas presentan importantes carencias en la forma de adoptar modelos de prevención de delitos.
Según un Informe de compliance penal ‘Hacia sistemas de cumplimiento avanzados’, elaborado a partir de 400 encuestas a altos directivos de empresas españolas, dos tercios de las empresas consultadas manifiestan carencias graves en materia de compliance, solo una de cada diez dispone de un verdadero sistema para su gestión y, en general, los empresarios muestran un alto grado de desconocimiento sobre los riesgos penales que pueden derivar para la empresa y sus administradores.
El estudio acredita también que las empresas españolas muestran una gran variedad de aproximaciones al compliance, que solo una de cada cuatro cuenta con un presupuesto específico para la materia, y que la mitad destinan a la misma menos de 10.000 euros.
Baja percepción de riesgo por parte de los empresarios
Aunque, solo en los últimos cinco años, se han producido en nuestro país 10 procesos sancionadores contra personas jurídicas con multas superiores a los 900.000 euros, el estudio de Grant Thornton revela que el 45% de los empresarios españoles no son conscientes de que carecer de un programa adecuado de compliance puede acarrear responsabilidades a los administradores.
Preguntados sobre qué riesgos legales podrían dañar más a sus compañías, los directivos sitúan en primer lugar a las sanciones administrativas (54%), seguidas de los cambios legislativos en su actividad y de las conductas delictivas de sus empleados, empatados en un 44%. El temor al impacto de una hipotética sanción por infringir el derecho de competencia es en cambio relativamente bajo (20%).
Consultados en cambio no por qué riesgos les preocupan más sino por cuáles creen que es más probable que afecten a sus empresas, los cambios legislativos en su actividad pasan a la primera posición (50%) seguidos de las sanciones administrativas (28%), y, en cambio, solo un 15% considera probable una conducta delictiva de alguno de sus empleados.
Sobre las áreas en que ven más probable que se produzca una responsabilidad penal, la reciente aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDRP) ha derivado en una toma de conciencia generalizada sobre los riesgos penales del ámbito tecnológico y del específico de la protección de datos, que es en el que la mitad de los encuestados cree que podría incumplir la ley. Le siguen el ámbito laboral (42%) y preocupan también el medioambiental (38%) o el de la corrupción (23%).
Radiografía de la adopción del compliance en España
Constatado que solo una de cada diez empresas españolas dispone de un verdadero sistema de compliance. En materia presupuestaria, solo dos de cada diez empresas encuestadas afirman disponer de un presupuesto específico para cuestiones de ética y compliance, y más de la mitad destinan a esta área menos de 10.000 euros.
Pese a esa dotación presupuestaria relativamente baja, el 70% de las empresas analizadas revisan por lo menos periódicamente sus riesgos. Alrededor de la mitad lo hace con carácter anual, pero todavía hay un 40% que no tiene una periodicidad fija para esas evaluaciones de su modelo de prevención de delitos, imprescindibles según Ripol porque “resulta tan importante desplegar un sistema avanzado de compliance como analizar periódicamente su funcionamiento y verificar si presenta riesgos”.
Por último, las empresas españolas también presentan margen de mejora a la hora de brindar a sus empleados formación específica sobre ética, integridad y compliance. Una de cada cuatro no lo ha hecho nunca, por bien que el 40% sí lo hace de forma ocasional y el 30% las realizada anualmente. Además, las que sí llevan a cabo este tipo de formaciones reciben una buena puntuación por parte de sus empleados –en concreto, de 7,6 puntos sobre 10–, y, tras las mismas, el 31% de esas plantillas declara que sus organizaciones están muy preparada para prevenir delitos.
La pérdida de reputación, principal consecuencia de un mal modelo de compliance
Para ocho de cada diez empresarios encuestados para el informe, la pérdida de credibilidad o reputación es el principal impacto de la comisión de delitos por parte de sus organizaciones. Un 71% se muestra preocupado por el coste de las sanciones por esos incumplimientos, y un 57% teme que provoquen distorsiones operativas en su empresa.
Fuente: rrhhdigital.com
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