La nueva normativa pretende fomentar la lucha contra la corrupción y evitar represalias. Para ello, se van a ofrecer vías de denuncia contra prácticas irregulares, y es necesario fomentar una cultura de denuncia y confianza con la administración, a la vez que se toman medidas de protección al informante.
Con esta norma, cualquier ciudadano, trabajador o funcionario público podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ámbito laboral o profesional, y la legislación tendrá la obligación de ofrecerle una protección real y efectiva ante cualquier represalia, incluido su entorno si fuera necesario.
Esta nueva regulación pretende fomentar la cultura anticorrupción, la cultura de la transparencia y la cultura de la calidad democrática en los ámbitos de la administración y la empresas, y se evitará que las represalias contra las personas que denuncian queden impunes.
El coste de la corrupción global en el mundo es de 2,3 trillones de dólares, lo que supone un 5% del Producto Interior Bruto total.
Sistemas de información en la empresa
La titular de Justicia ha añadido que la futura ley establece dos sistemas de información que garantizan la confidencialidad del informante:
– El canal interno, en el que se permiten las denuncias anónimas.
– El canal externo, mediante la figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que determinará si el hecho que se está denunciando supone una infracción y si es necesario proteger al informante.
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Fuente: medios de comunicación